De forma decidida, y con una apuesta clara en la figura de Teresa Ribera, el recientemente conformado Gobierno de España apuesta por solventar dudas e iniciar el camino hacia un modelo productivo que ponga en valor el medio ambiente y apueste por la transición ecológica de la economía a través de la creación de este nuevo Ministerio.
Sin obviar otros pilares básicos de gestión, como la lucha contra el cambio climático, la defensa de la biodiversidad, el pacto social del agua, la reforma del mercado eléctrico, la prevención y extinción de incendios o, por el foro que nos ocupa, la integración definitiva de los residuos en un contexto de economía circular en demanda.
De este modo, la gestión eficiente de los residuos se configura como uno de los aspectos clave a atender, y para alguna de sus casuísticas, de forma urgente. Porque convertirse reiteradamente en el ojo del huracán comunitario por incumplimiento de las directrices europeas, es simplemente inadmisible.
España tiene un problema considerable con la gestión de sus basuras, por lo que urge asumir determinadas medidas que ayuden a paliar las carencias más sobresalientes y que aquí detallamos.
Comenzando por los residuos municipales, aquéllos más “familiares” y de los que todo el mundo opina, representan un fino eslabón de la cadena, ya que en estos momentos supondrían únicamente (y como mucho) un 30% de recuperación, sumando el reciclaje y el compostaje, para el que en los últimos días se ha decido poner el acento y forzar a una gestión obligatoria de los biorresiduos.
Estadísticas más o menos consolidadas, lo cierto es que tendremos casi imposible converger con Europa en unos objetivos más que ambiciosos. Hay que acelerar, pero con buena letra, y es claro que los pocos avances registrados en los últimos años no van a compensarse de manera inmediata. Los biorresiduos (y su gestión a nivel municipal), los textiles, los envases, los residuos peligrosos del hogar, el desperdicio de alimentos, los vertederos o las políticas de prevención deberán atacarse por igual, dotándolos de la planificación y recursos necesarios. En este punto se antoja muy necesaria una coordinación y tutela firme por parte del Ministerio, de cara a que las Comunidades Autónomas respondan de forma responsable y eficaz (porque todas deben sumar).
Una planificación, que basada en la formación y el conocimiento, se traslade desde las distintas administraciones a los ciudadanos, haciéndolos partícipes activos en un contexto de eficiencia local, consiguiendo la complicidad del usuario. Probablemente el reto sea plantearse, de una vez por todas, la comunicación como parte vertebradora de la gestión de los residuos y no simplemente como un trámite a cubrir o una tarea ad hoc. La implicación de la ciudadanía es básica para el cumplimiento de los objetivos; supone, de hecho, el primer eslabón para una gestión de la recogida eficiente de los residuos si verdaderamente los queremos transformar en recursos. Así pues, es de sentido común prestar especial atención a este asunto ya que para que haya un buen uso de las tecnologías primero debe haber buenas prácticas para que éstas funcionen con sentido. Y, por eso, quizás sea importante hablar más de comunicación de residuos que de campañas de residuos, habida cuenta que, hoy por hoy, la generación de residuos es constante mientras que queda mucho por hacer en el cambio de hábitos de los ciudadanos en esta problemática ambiental.
Sobre la órbita de los residuos municipales también habría que hablar de la lucha contra los residuos plásticos, problema que hemos ido agrandando hasta niveles insospechados y que, de la noche a la mañana, se ha puesto de moda. Ojalá hubiera sido antes. Pero bienvenidas las propuestas para la prohibición de los utensilios fabricados con plásticos, el combate contra la contaminación marina derivada o las iniciativas para la limpieza de espacios naturales, así como la tímida limitación de la distribución masiva de bolsas de un solo uso en nuestras compras diarias (se solicitaba un nivel de intervención más agresivo, como el ejemplarizado por Francia).
A punto de aprobarse la Estrategia de Economía Circular de España, no han sido pocas las reacciones a los planteamientos y poca concreción que ofrece en algunos aspectos, pudiendo dejar en el tintero, incluso, aspectos como la obsolescencia programada, también controlada en el país vecino. Y es que la asunción de una estrategia tan importante no debe ser superflua y es obvio que está llamada a ser la llave de muchas actuaciones convergentes hacia la sostenibilidad y el cambio de los modelos productivos.
Aquí resultará crucial fomentar la colaboración empresarial a través del concepto de simbiosis industrial, maximizando los recursos y reduciendo los verdaderos residuos, donde el papel de la Administración habrá de pasar por agilizar las cargas administrativas a los subproductos y ejercer de catalizadores de esta evolución positiva en entornos industriales. Medidas de fiscalidad ambiental que graven el vertido frente a otro tipo de tratamientos, serán clave para estimular la industria del reciclaje y avanzar hacia la circularidad.
En este sentido, otra de las demandas del sector en los últimos tiempos ha sido que se fortaleciese la vigilancia y control a la gestión de los residuos industriales, tanto peligrosos como no peligrosos. Ejemplos de intrusismo, prácticas ilegales de gestión, “incendios” en determinadas instalaciones o simple picaresca han ido proliferando en un entorno que se debilita y reclama soluciones. Cabe preguntarse por los recursos que piensa destinar el nuevo Ministerio para estos asuntos, que pasan por garantizar el control de la trazabilidad de los residuos.
Este entorno también incide en la modernización de la Administración y, fundamentalmente, en cuanto a la puesta en marcha de los mecanismos que dinamicen el intercambio documental entre los distintos actores de la gestión, con las plataformas E3L como soporte necesario. Aquí también se asentarían las necesidades derivadas de los procedimientos e instrucciones sobre el traslado de residuos y la urgente implementación efectiva del Real Decreto 180/2015, de tal manera que se pudiese así cerrar el flujo documental de manera coordinada.
Y todo lo anterior sin menoscabo de otras reflexiones necesarias sobre la aplicación de la legislación de RAEE, la responsabilidad de los SCRAP (y la potencial ampliación a nuevos flujos de residuos), la funcionalidad de los SDDR para envases, la gestión de los RCD o la actualización de los datos de generación, composición y valorización de los residuos municipales a partir de una metodología estandarizada.
Y por si fuera poco, ya tenemos aquí la nueva Directiva de Residuos Europea… En fin, muchas tareas, pero un solo reto.
¡Suerte al nuevo Ministerio!
