El tema del desperdicio alimentario es doblemente perverso, puesto que al impacto medioambiental que representan los alimentos no consumidos –tanto en su producción y distribución como al convertirse en residuos– se le suma el evidente “delito” moral y ético de deshacernos de alimentos cuando solo en España existen miles de personas –incluidos niños– que pasan hambre o tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada
Ante esta situación, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso ha aprobado una proposición no de ley que insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para establecer la obligación legal para los distribuidores del sector alimentario de destinar los productos descartados y aptos para el consumo humano a organizaciones sin ánimo de lucro.
Además, promueve la puesta en marcha de un proyecto de ley para la reducción del despilfarro alimentario, el impulso de medidas de reutilización y reciclaje de productos alimentarios que no sean aptos para el consumo humano, obligar a las empresas distribuidoras a hacer público el destino de los alimentos, así como a estudiar un régimen sancionador en caso de no cumplir con las obligaciones de donación.
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