En la madrugada del pasado 13 de mayo de 2016 se declaró el incendio del vertedero ilegal de neumáticos de Seseña. Cuesta comprender, a estas alturas, cómo puede ser que un vertedero que acumulaba más de 5 millones de neumáticos usados y no más lejos de 40 kilómetros de Madrid se encontrara en situación de ilegalidad y las administraciones públicas no hubieran intervenido.
Los costes de esta negligencia son de diversa índole:
- Costes económicos: ascienden a casi dos millones de euros. El informe y actuaciones para el estudio y recogida de las cenizas derivadas del incendio, se solicitó por medio de Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 14 de junio mediante tramitación de urgencia: “Actuaciones de emergencia en el depósito de neumáticos de Seseña/Valdemoro”. Este trabajo se encomendó a la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA), por un importe total aproximado de 2.000.000 euros que finalmente, han supuesto 944.974 euros. Este estudio y los trabajos que comporta el sacar las cenizas del lugar no incluye los trabajos de remediación del suelo… por lo que los costes económicos aún no han terminado.
- Costes ambientales y sobre la salud: Si bien el estudio encargado al laboratorio LABAQUA por TRAGSA, la entidad que contrató la Comunidad de Madrid para hacer un informe sobre la toxidicidad que dejaron las cenizas en el lugar, concluye que son residuos no peligrosos, también es cierto que no se niega un porcentaje de ecotoxicidad de los mismos. Pueden consultar en este enlace el informe de LABAQUA.
Las muestras con las que se realizaron el informe son del 11 de agosto, por lo que no se incluye la toxicidad sobre la salud humana de la contaminación del aire y sobre la actividad agraria de la zona producida por las emisiones durante los casi 20 días que el incendio del vertedero tardó en extinguirse.
Finalmente, recordar que con el Nuevo Paquete de Economía Circular, los vertederos no son una opción a contemplar por lo que las sanciones sobre vertederos ilegales que vengan de la UE pueden añadirse a las sanciones que ya ha tenido España por estas malas praxis.
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