El año pasado, LIR realizó una multientrevista a los responsables de tres entidades cuya actividad está directamente relacionada con el ámbito de los residuos, como son Victoria Ferrer, directora general del Gremi de la Recuperació de Catalunya; Kristina Apiñaniz, directora general de ACLIMA, Asociación Clúster de Industrias de Medio Ambiente de Euskadi, y Luis Palomino, secretario general de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE). Esta entrevista abordó el intrusismo en la gestión de residuos desde varios ámbitos, lo que dio lugar a dos bloques: el primero, relacionado con el diagnóstico e impacto económico, y el segundo, con el papel de las Administraciones Públicas y de los medios de comunicación.
A la vista de sus respuestas, hemos considerado interesante dar ahora el turno a tres representantes de administraciones autonómicas para que expongan su parecer respecto a las inquietudes compartidas derivadas de las prácticas intrusivas que existen en la gestión de los residuos. Nos han respondido Verónica Tellado (VT), Subdirectora General de residuos de la Dirección General de Calidad Ambiental y de Cambio Climático de la Xunta de Galicia; Joan Piquer (JP), Director General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat Valenciana, y Sebastià Sansó i Jaume (SS), Director General de Educación Ambiental y Residuos de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de las Islas Baleares.
Las asociaciones empresariales nos decían que los controles se ejercían más sobre los gestores de residuos registrados puesto que eran los que más inspecciones recibían, y en cambio los ilegales son sometidos a un menor control precisamente por no estar registrados; que las sanciones impuestas a los gestores de residuos ilegales no eran suficientemente disuasorias, o que en las administraciones faltan medios para un correcto control e inspección de las malas prácticas en la gestión de los residuos.
Por otro lado, también apuntaban a la dificultad que todo ello suponía para la trazabilidad de los residuos, más cuando existen divergencias de criterios entre las distintas administraciones autonómicas y cuando no acaba de desarrollarse un mayor despliegue de la responsabilidad ampliada del productor que facilitaría una mejor gestión de los residuos.
¿Cómo lo ven los responsables de las administraciones autonómicas? A la vista de lo que nos cuentan, no están del todo de acuerdo con los representantes de las empresas. Estas son sus respuestas.
¿Le consta que haya prácticas de gestión de residuos ilegales o irregulares? ¿Podría indicarnos los ejemplos más comunes?
VT
Nos constan prácticas de gestión de residuos irregulares. Unas veces son detectadas directamente mediante visita de inspección, en inspecciones rutinarias a productores de residuos o a instalaciones de gestores autorizados y otras veces se detectan a través de denuncias.
Algunos ejemplos comunes de mala gestión son la segregación y almacenamiento inadecuado de los residuos, en particular de los residuos no peligrosos; codificación incorrecta de los residuos; procedimientos deficientes de admisión de residuos en las instalaciones o la realización de actividades de tratamiento de residuos sin la autorización pertinente.
SS
Sí, me consta. Transportistas sin darse de alta, gestores ilegales y vertidos, especialmente de RCDs.
JP
Las más comunes son la gestión irregular de residuos de construcción y demolición. Lógicamente, son sancionadas por los servicios de inspección ambiental.
Los gestores de residuos autorizados no se sienten respaldados por las administraciones públicas. ¿Cree justificada esta opinión?
VT
Las administraciones públicas deben garantizar el cumplimiento de las normas que, en el caso de los residuos, protegen el medio ambiente y la salud humana. La responsabilidad recae en todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida del residuo, desde el productor del producto al gestor del residuo, pasando por el que lo produce. Es por ello que las administraciones públicas deben ejercer control sobre cada agente, en función de su responsabilidad, y así se hace, tanto con los que están inscritos en el registro de gestores y productores de residuos como los que no lo están y, particularmente, con los que realizan alguna actividad de gestión de residuos sin los requisitos que exige la normativa.
Somos conscientes de la relevancia que tiene el papel de los gestores de residuos en la consecución de los objetivos ambientales y en la aplicación de la jerarquía de residuos, por ello, desde esta administración se trabaja para evitar el intrusismo en el sector (investigando y sancionando las prácticas ilegales) y para armonizar las autorizaciones con el resto de comunidades autónomas en el marco de la Comisión de coordinación en materia de residuos, creada por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
No estamos de acuerdo con la afirmación de que el medio ambiente no es una prioridad para los poderes públicos, puesto que tenemos encomendadas unas funciones claras de defensa del medio ambiente impuestas en la legislación europea e integradas en legislación transversal a través del desarrollo sostenible y la economía circular.
SS
En el caso de las Illes Balears la creería si habláramos de cómo encontré la situación cuando entré en el cargo: la media para conseguir una autorización de gestor era de dos años, había cientos de expedientes encima de la mesa, la actividad de inspección y sanción era mínima, etc. Ahora no es así. Somos ágiles en la tramitación de los expedientes, pero también muy exigentes en el cumplimiento de la normativa ambiental sectorial de residuos.
JP
En los últimos años, en la CV, no es así. La Generalitat Valenciana está totalmente implicada en la dinamización de la actividad económica reglada de la gestión de residuos.
¿Cuáles son los principales motivos de inspección y/o sanción ambiental en el ámbito de la gestión de residuos? ¿Cómo se llevan a cabo estas inspecciones?
VT
En la comunidad de Galicia las inspecciones ambientales se organizan en tres clases.
Las primeras son las programadas, con un calendario que se realizan en base a un exhaustivo programa anual que se dirige a sectores de actividad determinados. Así, se hacen listados y se investigan los distintos agentes que participan en sectores como talleres de vehículos, gestión de residuos de construcción y demolición, puntos limpios, producción y tratamiento de aceites usados, etc
Las segundas son las no programadas, entre las que están las visitas previas al otorgamiento de autorización (ambiental integrada o de tratamiento de residuos) o las que se hacen de oficio por denuncia o a iniciativa de la administración por sospecha de alguna irregularidad en la gestión de residuos.
Por último, las terceras son consecuencia de situaciones de emergencia, como, por ejemplo, incendios o inundaciones en instalaciones con residuos.
SS
Quemas incontroladas, vertido de residuos, gestión y transporte sin las pertinentes autorizaciones. Por una parte, se hacen campañas específicas desde los diferentes cuerpos de agentes de la autoridad (SEPRONA, Policía Nacional o Agentes de Medio Ambiente), y por otra parte si hay indicios (por ejemplo, a través de noticias de los medios de comunicación) o bien denuncias particulares también se actúa.
JP
Existe un plan anual de inspecciones, que se aprueba y publica anualmente, para las actividades de competencia autonómica, es decir, las sometidas a autorización ambiental integrada.
Adicionalmente, se realizan visitas de inspección a solicitud de terceros o denuncias.
¿Son suficientes los medios que se dedican a la inspección y control de la gestión de los residuos?, ¿cuáles cree que son sus principales carencias?
VT
En la comunidad autónoma de Galicia contamos con efectivos suficientes para la inspección ambiental que, además, se complementan y coordinan con otros entes de inspección como son la policía autonómica o el SEPRONA de la Guardia Civil. Puedo asegurar que, aunque los medios siempre nos parecen pocos contamos con el mejor equipo de inspección ambiental de toda España.
SS
No son suficientes pero mi experiencia me ha enseñado que si hay una buena capacidad de priorizar y de coordinación se pueden optimizar muchísimo los recursos humanos.
Sus principales carencias son, por este orden, la falta de instructores y de Agentes de Medio Ambiente.
JP
No. Hay una falta muy importante de medios humanos, tanto técnicos como jurídicos y administrativos.
Otra queja habitual del sector es que el control por parte de las autoridades ambientales se ejerce solo sobre los gestores autorizados, que son los que generan documentación, mientras los “ilegales”, que no aparecen en los registros, parecen campar a sus anchas, y que cuando se imponen sanciones a las prácticas intrusivas, estas apenas alcanzan los 3.000 euros de media. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? ¿Cree que el régimen sancionador actual es suficientemente disuasorio?
VT
Es cierto que la documentación que generan los gestores y el propio hecho de pertenecer a un registro hacen más fácil controlar los residuos y las actividades de gestión. Resulta más difícil tener información o conocimiento de las actividades ilegales, sobre todo porque las denuncias todavía son muy escasas y se realizan de forma oral, mayoritariamente, sin documentación que ayude a la investigación.
Sin embargo, no es cierto que los “ilegales” puedan “campar a sus anchas”, dado que ante el mínimo indicio de actividades irregulares se pone en marcha la inspección y el procedimiento sancionador, de ser procedente.
El ejercicio de una actividad de gestión de residuos sin la preceptiva comunicación o autorización se tipifica como infracción grave o muy grave, según el régimen sancionador de la ley 22/2011, de 28 de julio, correspondiéndole sanciones que incluyen multas desde 901 euros hasta 1.750.000 euros. Es un amplio margen de multas que permite al instructor del expediente sancionador adecuar correctamente la sanción al hecho constitutivo de la infracción y tener en cuenta aspectos como la cuantía del beneficio ilícito obtenido por el infractor, así como la existencia de reiteración.
No obstante, lo anterior, y para reforzar el carácter disuasorio del régimen sancionador, se está valorando incluir en la normativa gallega que se puedan incrementar la cuantía de las multas hasta el doble de la misma (aunque suponga exceder las sanciones máximas previstas) para que en ningún caso sea inferior al beneficio ilícito obtenido.
SS
En la misma línea de la contestación de la segunda pregunta, al inicio de legislatura esta afirmación. Ahora no. El último año hemos impuesto sanciones por un valor de unos 400.000 euros. Hemos puesto multas ejemplares (por ejemplo, de 150.000 euros) y hemos cerrado, como medida cautelar que en la mayoría de los casos se ha convertido, en definitiva, más de cinco instalaciones en el último año y medio.
El régimen sancionador puede ser suficientemente disuasorio si se utiliza bien. De todas maneras, en el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados de las Illes Balears hemos reforzado este aspecto para poder tener herramientas todavía más eficaces a la hora de sancionar.
JP
En la Comunidad Valenciana se aplican los regímenes sancionadores de las diferentes legislaciones sectoriales. Tan sólo el régimen de la Ley 10/2000 de residuos de la CV es antiguo y está en fase de actualización.
¿Cree que una armonización en todo el Estado en materia de autorizaciones de instalaciones y tratamientos permitiría un mayor control y trazabilidad de los residuos y traslados?
VT
Sí. Una armonización de las autorizaciones y los tratamientos permitiría conocer directamente la gestión en el destino de los traslados fuera de nuestra comunidad, lo que, en última instancia, redundaría en un mejor control y trazabilidad de los residuos. Además, armonizar fianzas y condiciones exigibles a las instalaciones evitaría el trato desigual en función de la localización de las plantas.
SS
La clave es un sistema único, una plataforma, en que pueda haber trazabilidad de datos. El Ministerio va en ese camino y desde mi Dirección General también hemos puesto en marchar una plataforma muy ambiciosa para conseguir este objetivo que se llama SINGER.
JP
En la actualidad, las CCAAs y el Ministerio están haciendo un esfuerzo muy importante en materia de coordinación y armonización. Tras la aprobación del nuevo paquete de Economía Circular de la UE, los esfuerzos de armonización y coordinación son máximos.
Otro problema que parece haberse agravado en los últimos tiempos es el de los incendios en plantas de reciclaje. Los gestores lo achacan a la acumulación de material altamente inflamable, mientras que otras voces hablan de incendios presuntamente provocados por las propias empresas. Como Administración, ¿cómo abordan este problema?
VT
En la fase previa a la autorización, mediante el riguroso estudio del proyecto de las instalaciones de tratamiento de residuos, se controla que éstas cumplan la normativa pertinente contra incendios, así como la que resulte de aplicación en función de la tipología de residuos que se traten, y que los almacenamientos de residuos son seguros y no suponen riesgos para la salud humana o para el medio ambiente.
En las autorizaciones se fija la superficie destinada al almacenamiento y la capacidad máxima de residuos que pueden existir en un momento puntual en la instalación.
Por otra parte, se revisa y controla la información presentada en la memoria resumen del archivo cronológico de los gestores, de forma que no incumplan los términos fijados por la autorización en relación a la cantidad de residuos almacenada y tratada.
Por último, si las visitas de inspección detectasen riesgos de incendio o de afección ambiental, se iniciarían los procedimientos adecuados de corrección.
SS
Con preocupación y a la vez con muchas dificultades para saber si han sido provocados o fortuitos.
JP
Desde la CV, pensamos que esta circunstancia obedece a la puesta en marcha de la nueva Economía Circular, dado que destinos habituales como el sudeste asiático para muchos materiales reciclados, se han cerrado para los residuos de la UE y ahora el sistema europeo de reciclado debe generar nuevas instalaciones de tratamiento final de estos nuevos recursos, dentro de su ámbito geográfico.
A partir de las impresiones ofrecidas por esta muestra seleccionada de responsables directos de la gestión de residuos en tres de nuestras comunidades autónomas, se observan dos cuestiones claras: que en los últimos años la tendencia ha sido positiva en cuanto al control y presión de la administración hacia los gestores de residuos, mientras que también se evidencia que aún queda mucho camino que recorrer y que el margen de mejora existe.
Desde luego, parece oportuno y lógico, después de haber escuchado a las asociaciones empresariales y a las comunidades autónomas, que la colaboración efectiva entre las partes debe fortalecerse. Por un lado, para que el sector se vea respaldado y protegido en cuanto a sus intereses; por otro, para que la administración vea facilitada su labor de coordinación y control.
Sólo de este modo España podrá afianzar la correcta gestión de los residuos industriales, una meta que se une a los demás retos que en materia ambiental tenemos para las próximas décadas.
Desde el Laboratorio de Ideas sobre Residuos queremos agradecer a los entrevistados su disponibilidad y el haber respondido abiertamente a las preguntas que les hemos planteado. Sin duda dejan en claro las problemáticas con las que conviven y los retos que les esperan.
