Hace un tiempo, desde LIR analizamos los números, resultados y derivaciones de las estadísticas que se desprendían de la gestión de los residuos municipales en nuestro país.
Ahora creemos que es el momento de actualizarlas, comentarlas y ponerlas en el contexto del paradigma que supone la nueva Estrategia de Economía Circular nacional, que sin duda deberá integrarse en el Pacto Verde Europeo como elemento vertebrador para el crecimiento sostenible. En este sentido, se nos presenta una nueva oportunidad, un punto de inflexión hacia nuevas estrategias y desarrollos, de manera que podamos convertir el sector de los residuos en un verdadero motor verde para la economía y la creación de empleo a medio plazo, afrontando una época post-pandemia que trate de recuperar lo perdido en los últimos meses.
De cualquier modo, desde hace ya un tiempo conocemos las propuestas y necesidades que, en materia de gestión de residuos, se proponían. En 2018, los gobiernos y las instituciones de la UE llegaron a un acuerdo histórico que introdujo un conjunto de leyes y objetivos ambiciosos para impulsar el reciclaje y reducir los residuos. Dos años después, los Estados miembros todavía no han incorporado completamente a su ordenamiento jurídico estas disposiciones, a pesar de que los objetivos no se van a mover y el reloj corre.
Es por ello que la Comisión Europea ya hizo las advertencias correspondientes a los territorios que corrían el riesgo de no alcanzar las metas mínimas para reciclar el 50% de sus residuos municipales en 2020. El retraso en la trasposición de las leyes supone una dificultad añadida para afrontar los objetivos más rigurosos que se nos presentan a medio plazo.
En el caso español, se espera que a principios del año próximo esté disponible el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, después de un retraso de varios meses. La misma hará suyos los objetivos que marcaba la Directiva 2018/851, teniendo como primer hito el año 2025 para alcanzar un 13% de reducción de la producción total de residuos con respecto a 2010, así como un mínimo del 55% para la preparación para la reutilización y reciclado de los residuos municipales. Más tiempo tenemos (hasta 2035) para reducir el vertido al 10%.
Todo esto acompañado de medidas que van desde la recogida separada obligatoria de nuevos flujos, como los biorresiduos, textiles o residuos peligrosos del hogar, hasta el fomento de esquemas que minimicen el desperdicio alimentario o reduzcan el consumo de plásticos de un solo uso en el marco de las estrategias de prevención de la generación, que siguen siendo la “hermana pobre” de la jerarquía de gestión.
Y a la vista de tan ambicioso planteamiento (no nos queda otra que volver a declarar nuestras intenciones, por imperativo comunitario, sobre el papel), tenemos que mirarnos en el espejo nuevamente para reconocer que nos queda mucho por hacer.
SEGUIMOS ESTANCADOS
Con una producción de 22,7 millones de toneladas de residuos de competencia local para 2018, las estimaciones de EUROSTAT hablan de unas cifras muy condicionadas a una urgente intervención y mejora, donde el 50,9% de esos residuos irían a parar a vertedero (más del doble de la UE), un 13% a incineración y un restante y escaso 36,1% a reciclaje + compostaje (en Europa, acercándose al 50%).
Estos datos son más benévolos que los recientemente publicados por el INE, los cuales empeoraron incluso los del 2017. Esto lleva a que ni siquiera podemos buscar consuelo en una ilusoria evolución positiva en el tiempo. Seguimos estancados en una situación carente.
Pero es que la estadística básica ya nos sacude al reconocer que la mayor parte de lo producido se corresponde con residuos mezclados, lo que es un indicador importante si se compara con la caracterización de las propias basuras, que señala que, como máximo, un 20% no sería susceptible de capturarse mediante recogida selectiva (fracción resto). Esta distorsión incide directamente en la eficiencia de los tratamientos y en la recuperación de materiales. ¿Es la única causa? Desde luego que no.
Sumemos ahora las carencias y distorsiones que trajeron consigo las fórmulas de cálculo con las que reportamos nuestros resultados al EUROSTAT, lo cual ya fue objeto de reflexión en el artículo precedente. Aunque menos mal que ya se encuentra vigente una nueva reglamentación para mejorar el control y la trazabilidad de los datos, al objeto de alcanzar una homogeneización de criterios para todos los territorios y circunstancias, lo cual podría acercarnos a una mejor visualización de la realidad de la gestión (¿y más favorable?).
Cabe preguntarse si los Estados miembros han hecho ya sus deberes y se ha comenzado a procesar esos nuevos datos, de contraste para 2016 y 2017, y como nuevas evidencias para las dos anualidades siguientes (por cierto, las estadísticas de 2019 deberían presentarse a Europa a mediados de 2021, pero no hay excusa para no conocer ya la foto española de 2018).
Y esta Decisión, con arreglo a lo indicado en el artículo 11 de la Directiva 2008/98, exige el control y la garantía de trazabilidad de la información, insistiendo en la fiabilidad de las fuentes y esclareciendo determinadas cuestiones sobre lo que podrá computar o no como efectivamente recuperado, tal y como ya adelantaba la Directiva Marco. Y con este panorama, nos encontramos con dos problemas.
Por un lado, se hace necesario trabajar en un procedimiento unificado para la obtención y gestión de datos entre operadores, Comunidades Autónomas, INE y Ministerio, lo cual debería reflejarse convenientemente en la nueva ley de residuos. A la par, también tendrá cabida la obligación de que las entidades gestoras se sometan a auditorías externas, que informen a las autoridades de los productos que comercialicen y que usen criterios objetivos en sus dinámicas. Todo ello bajo el paraguas de la responsabilidad ampliada del productor, necesaria para un desarrollo normativo y aplicación óptimos, garantizando así la adecuada gestión de los residuos.
Esto contribuiría a alejar uno de los problemas acuciantes del sector, que es la falta de transparencia y de información clara, que impiden diseñar políticas efectivas para reducir el volumen de residuos, aumentar el reciclado y posibilitar nuevas oportunidades.
Pero, por otro lado, tenemos las nuevas condiciones que restringen determinados procedimientos que hasta ahora computábamos como válidos. En particular, lo referido a que únicamente habrán de considerarse como reciclados los materiales que ingresen en un proceso específico de recuperación. O que en la cantidad de biorresiduos municipales reciclados solamente se incluirán materiales que se sometan realmente a un tratamiento aerobio o anaerobio, excluyendo a todos los materiales que se eliminen mecánicamente durante o después de la operación de reciclado.
Pero es que, además, a partir de 2027 sólo se podrán contabilizar los biorresiduos derivados de una recogida selectiva previa (o los derivados de prácticas de autocompostaje, para lo que, por cierto, también se establece una metodología de cálculo propia).
Porque no puede entenderse de otro modo. Este nuevo enfoque ha de ofrecer una idea más fiable de la proporción real de los residuos que se reciclan, no como hasta ahora se venía considerando. Forzará a una revisión profunda de la sistemática empleada hasta ahora y requerirá de un esfuerzo importante de las CCAA, que además deberá ser tutelado por el MITECO, como responsable último de la veracidad y calidad de la información. Sin duda, un reto.
INSUFICIENTES INFRAESTRUCTURAS
Para hacer frente a este reto, la maquinaria pesada con la que contamos, según datos de la memoria de 2017 del MITECO, y al margen de las instalaciones de incineración y los vertederos, constaría de una red de infraestructuras de tratamiento conformada por 93 plantas de clasificación de envases (para acaparar 660.000 toneladas), 66 plantas de tratamiento mecánico biológico, o 43 de compostaje de la fracción orgánica recogida selectivamente (que estarían recibiendo casi medio millón de toneladas).
Tal vez podrían parecer suficientes a priori, pero sus resultados no son satisfactorios. Sirva como ejemplo el hecho de que el rechazo de las instalaciones de triaje y compostaje (TMB) referidas alcanza un 75% de las entradas, a destinar a vertedero o incineración. Aquí tendrían cabida varios factores, entre ellos la calidad del material de entrada, los propios procedimientos o limitaciones en la operativa (convenios para la explotación, rentabilidad o incluso falta de medios/tecnología). Lo que parece obvio es la urgente necesidad de diagnosticar la situación para resetear y replantear, debiéndose contemplar también un ejercicio de control en la parte final de la cadena, de modo que se puedan evitar distorsiones y prácticas no deseadas.
Y nos sonroja, más que nuestra limitación al reciclaje, la equiparación de nuestro sistema de gestión a una situación prehistórica y dependiente del vertido. Porque en 2018, España contaba con un total de 182 vertederos de residuos municipales, que la Comisión Europea convierte en más de 1.500 puntos de vertido irregular de todo tipo.
En ellos se depositaron casi 4 millones de toneladas de residuos domésticos sin ningún tipo de tratamiento previo, el 18% del total producido y el 35% de los vertidos, incumpliéndose así la Directiva 1999/31/CE sobre vertido de residuos, que establece que ningún residuo se puede depositar en un vertedero sin recibir un tratamiento previo. Intolerable.
Y nos queda la valorización energética, donde recientemente se ha sumado la undécima instalación para rozar los 3 millones de toneladas tratados y como alternativa al vertido, aunque para ello habría que vencer la dispersión geográfica, una importante inversión y el histórico rechazo social a estas instalaciones. Eso sí, converger con las ratios europeas llevaría a duplicar la capacidad de incineración actual.
LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES
Éste es el panorama general, pero conviene llegar un poco más adentro para intentar comprender qué nos hace diferentes a los demás. En una situación donde, cuando hagamos la cuenta completa, con toda seguridad nos encontraremos un resultado que no va a mejorar lo hasta ahora conocido, sino más bien todo lo contrario. Veremos cómo las tasas de reciclado+compostaje se reducirán y las de vertido aumentarán, alimentadas éstas por las desviaciones y no conformidades de las distintas cadenas de recuperación.
Para ello, nos fijamos en los envases, como una de las piedras angulares del modelo de gestión actual y habitual caballo de batalla entre defensores y detractores de un sistema que, en la actualidad, está capitalizado por Ecoembalajes España en la parte de los envases ligeros y de papel-cartón y por Ecovidrio en los de vidrio. En conjunto, según los datos de EUROSTAT sobre recuperación de envases, en 2017 se alcanzaron un total de 5,6 millones de toneladas (o sea, un 25% del universo de residuos producido). Si miramos hacia la memoria del MITECO, es imposible discernir este aspecto, ya que la contribución al reciclado proviene de diversas fuentes no explícitas, pero si cogiésemos sólo lo referido a los envases mezclados y envases de vidrio, alcanzaríamos un mínimo de casi 1,3 millones de toneladas recicladas, a lo que habría que sumar otra parte no conocida de envases procedentes de las mezclas de residuos municipales y de papel-cartón. Con todo, tal vez podríamos estar hablando de entre 2,2 y 2,5 millones de toneladas de envases reciclados.
Por su parte, Ecoembes dice que (en 2019) se reciclaron 1,5 millones de toneladas de envases ligeros y de papel-cartón, mientras que desde Ecovidrio informan haber rozado 1 millón de toneladas de envases de vidrio recicladas. En total, 2,5 Mt, coincidente con lo informado al MITECO.
De todos modos, podemos ir más allá. Los datos que constan en las referencias de ambas entidades al respecto de la aportación (no reciclaje, recordemos) son: 19 kg/hab/año para envases de vidrio, 17,1 para envases ligeros y 19,4 para envases de papel-cartón.
Para el caso de Ecoembes, esa aportación la traduce en 866.000 toneladas recicladas de envases ligeros (sobre una aportación bruta de algo más de 800.000, según las referencias unitarias anteriores, lo que lleva a interpretar que la diferencia vendría de recogidas complementarias a la convencional), además de 632.000 de papel-cartón (aportación bruta de 911.000). En total, los 1,5 Mt que declara este SCRAP.
Con esta cifra, Ecoembes argumenta que recicla casi un 80% de lo que se comercializa como envases ligeros y de papel-cartón, aunque ese dato no es conocido.
Pero haciendo una cuenta paralela, y partiendo de una generación total de algo más de 22 millones de toneladas de residuos municipales y de una proporción de 18,5% en peso seco sobre el total de residuos producidos (según datos de la caracterización oficial), obtendríamos un volumen potencial de 4,1 Mt para este tipo de envases. Esto supondría una tasa de reciclaje de aproximadamente el 36,6% de los envases de su competencia.
En el caso de los envases de vidrio, Ecovidrio estima en su web una tasa de reciclado del 72,2% para 2017, si bien en la memoria del MITECO se señala que se estaría reciclando el 100% de lo recogido.
Con todo lo expuesto, ¿hasta qué punto podemos asegurar que es una imagen fiel de la realidad? Y la pregunta del millón: ¿Cuánto se recicla realmente?
Quizá no haya una respuesta definitiva para esas preguntas, quizá no nos quieren enseñar la verdad, pero según datos del sector de la recuperación de materiales, podríamos estar hablando de que sólo un 40% de los envases plásticos que llegan a reciclador acaban convirtiéndose en granza/escama reciclada, mientras que, del resto, una parte iría a un reciclado alternativo (downcycling), pero la proporción mayoritaria acabaría seguramente en vertedero.
UN MODELO POCO CONSISTENTE
Como se puede observar, en definitiva, es muy complicado extraer conclusiones válidas sobre todo esto ya que las fuentes son diversas, al igual que el procedimiento y la trazabilidad de los datos.
Lo que sí queda claro es la falta de rigor en los datos que generamos y que, a su vez, enviamos a Europa. También queda en evidencia la poca consistencia de nuestro modelo de gestión, que se verá muy tocado con las nuevas disposiciones si no hacemos algo para remediarlo, al margen de otras amenazas en forma de consumo no sostenible y desperdicio alimentario, el fortalecimiento del comercio a distancia o el aumento del uso de los envases de un solo uso (pese a la nueva Directiva 2019/904 y su inminente trasposición en la ansiada Ley de Residuos y Suelos Contaminados estatal). Cabe preguntarse si, inmersos en este entramado puzle, estamos abocados al desastre.
Un primer paso parece que ya ve la luz, en forma de un nuevo impuesto para gravar el vertido y la incineración de residuos, medida solicitada reiteradamente por el sector como medida coercitiva para paliar las carencias en las estadísticas, y ya implantadas en varios territorios desde hace tiempo. Ojalá se materialicen muchas otras en los próximos meses al amparo de la nueva Ley, en un marco regido por los cambios en las pautas de consumo que parece que han venido para quedarse, lo cual nos devuelve nuevamente a la casilla de salida: la importancia de la prevención en la generación.
*Actualización del artículo (16/12/2020)
Desde LIR, y en relación a los datos que se indican sobre recuperación de envases domésticos en 2017 según EUROSTAT, deseamos hacer una necesaria corrección, ya que el dato ofrecido se refiere a la totalidad de los residuos de envases producidos, no particularmente de los de ámbito doméstico. A pesar de que esto no tiene trascendencia en la trazabilidad del hilo argumental, hemos querido reconocer este error y dar cuenta de ello en esta actualización, además de realizar la correspondiente corrección en el texto.
