La nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, así como el futuro Real Decreto de Envases y Residuos de Envases conlleva una serie de importantes retos y obligaciones para los ayuntamientos, responsables de la gestión de los residuos municipales. Para analizarlos, hablamos en esta entrevista con Ricardo Luis Izquierdo, director general de Economía Circular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada (Comunidad de Madrid), y vocal de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Bajo el prisma de las competencias locales en la materia y de la expectativa generada, ¿cómo califica, del 1 al 10, el contenido de la Ley 7/2022? ¿Qué espera del Reglamento de envases y residuos de envases?
No es el momento de opinar, es el momento de aplicar la norma. La Ley de residuos intenta dar respuesta a problemas reales y la aplicación de unas medidas que no dejan de ser una traducción de las directivas europeas de economía circular. Costará esfuerzo obtener frutos porque, al menos inicialmente, se van a iniciar nuevos procedimientos de gestión desechando procedimientos anteriores, y en materia de residuos se tarda tiempo en poner nuevas instalaciones e infraestructuras. Calculo que pasarán hasta 2 años hasta que no se regule esta crisis de ajuste y después se verán resultados.
En cuanto al Real decreto de envases, espero que se publique cuanto antes en el Boletín Oficial del Estado para permitir su aplicación, pues tiene la llave de la financiación de las recogidas selectivas de papel, envases y vidrio, que forman el grueso de los materiales que ya tienen un camino recorrido y que son fáciles de gestionar. No olvidemos que hay que recoger bien para después seleccionar mejor y volver a reciclar los materiales.
¿Están preparadas las administraciones locales para asumir los retos (y obligaciones) que emanan de la nueva normativa? ¿Qué factores limitantes hay que considerar?
No existe opción a no hacerlo pues es una competencia propia y obligatoria de los entes locales por la ley de bases. Como siempre, lo vamos a asumir, ¿o acaso conocemos algún Ayuntamiento que, mejor o peor, no recoja la basura o no lo lleve a una gestión mejor o peor? El problema es que los ayuntamientos están en el último escalón en la producción de los residuos y las soluciones se tendrán que adoptar en la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios y será imprescindible que las administraciones autonómicas y estatal controlen al sector económico para que cumpla con sus obligaciones. Con mayor esfuerzo, como siempre hemos hecho las administraciones locales.
Las dificultades pasan fundamentalmente por la lentitud de la aprobación de los contratos de servicios o la contratación de personal y las inversiones necesarias, pero, con dificultades, lo haremos seguro.
¿Los objetivos que se plantean en esta normativa son una utopía? ¿Cree que la responsabilidad de su cumplimento debe recaer en los ayuntamientos y en qué medida?
No hay nada menos utópico que algo que está publicado en el Boletín Oficial del Estado. Los objetivos no son imposibles, son muy dificultosos y requieren mucho esfuerzo y dinero. Pero no solamente no son imposibles, son imprescindibles. Bajo ningún concepto se tiene que distraer la atención buscando excusas. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y cuando encontremos dificultades buscar cómo superarlas.
Los ayuntamientos van a tener muchas dificultades pues muchos de los problemas no están generados por los ayuntamientos sino que están derivados de la producción de los residuos por el consumo y la distribución. La ley tiene importantes medidas correctoras buscando la disminución de los residuos y su reciclaje. Al igual que los ayuntamientos, industria y comercio tendrán dificultades que tendrán que superar y deberemos estar vigilantes para que la cadena productiva de distribución y de consumo cumpla con sus obligaciones y no trasladen sus ineficiencias a los ayuntamientos.
En materia de prevención de la generación, ¿tienen los ayuntamientos capacidad real para actuar?, ¿en qué medida?
La producción de residuos está condicionada por el consumo y la puesta en el mercado de productos. Los ayuntamientos solamente podemos tener capacidades en la parte de concienciación, pero también es verdad que no se puede victimizar a los ciudadanos consumidores, pues para que hagan un consumo responsable deben tener las opciones de comprar productos a granel, de tener productos reutilizables o fácilmente reparables. Todo ello está contenido en la ley. Que se cumpla o no es algo que tienen que hacer cumplir otras administraciones que no es la municipal.
Desde la FEMP, ¿han estimado cuál podría ser el impacto económico que supondría a un ayuntamiento medio la adaptación a los requerimientos que plantea la normativa? La contribución financiera que se espera de parte de los sistemas de responsabilidad ampliada, ¿cubrirá los costes que están soportando las entidades locales en este momento?
Las previsiones que ha hecho la FEMP están publicadas y suponen un incremento muy importante del gasto. Pero no olvidemos el equilibrio presupuestario, es decir, se tendrán que generar los recursos para cubrir ese gasto, primero a través de la responsabilidad del productor y el resto mediante las tasas.
No cabe siquiera la posibilidad de que los SCRAP no cubran los costes de los que tienen que hacerse cargo porque si no los cubrieran es que no estarían cumpliendo con su obligación establecida por ley y por lo tanto sería motivo de sanción e incluso de su disolución. En este aspecto las administraciones locales estaremos especialmente vigilantes.
¿Se espera que la FEMP tome parte en la negociación de los convenios que los ayuntamientos puedan establecer con los SCRAP?
La Federación Española de Municipios y Provincias no tiene capacidad de negociar los convenios al ser de competencia autonómica. Seguro que se realizarán recomendaciones, estudios y propuestas. Los sistemas integrados de gestión negociarán con las federaciones territoriales y las distintas comunidades autónomas, que son las que son competentes para establecer este tipo de convenios marco, o con los ayuntamientos de forma individualizada, tal y como especifica la ley
Un ayuntamiento como el suyo tiene muchos puntos de producción de residuos cuya recogida es de competencia municipal: viviendas, instalaciones municipales, punto(s) limpio(s), locales de hostelería, etc. ¿Cómo realizan la captura de datos y consolidan esta información?
En el Ayuntamiento de Fuenlabrada tenemos 17 recogidas separadas de residuos para su reciclado o tratamiento especial, con más de 45 flujos logísticos diferentes, y todos ellos están registrados mediante algo tan sencillo como los DI de los traslados, los tickets de báscula y los documentos de aceptación de los gestores Un resumen publicado en nuestra página web (págs. 14 y 15) informa sobre las estadísticas comparadas de los últimos años.
¿Cree necesaria la digitalización de los residuos municipales? ¿Cómo están avanzando en este aspecto?
La digitalización es una herramienta no un fin. Habrá que digitalizar lo que se necesita, evidentemente el manejo de una alta cantidad de datos necesita un tratamiento informático, pero en algunas ocasiones lo que se plantean son programas y sensorizaciones tremendamente sofisticadas que no son útiles.
¿Cuál es su opinión sobre la incertidumbre que están atravesando los modelos húmedo-seco en cuanto a que podrían entenderse como no válidos a los efectos de considerarla como recogida separada de residuos de envases, a pesar de contar con unos índices de recuperación final superiores a los del modelo convencional?
El modelo húmedo seco está muy consolidado y tiene un importante nivel de eficacia en unos pocos municipios que entiendo que habrá que buscarles una salida para que puedan seguir ejerciendo su responsabilidad de la forma en que ellos crean conveniente. El Ministerio ha hecho una consulta a la Unión Europea sobre la posibilidad y se plantean dificultades para que tenga la consideración de una recogida selectiva.
En cuanto a la afirmación de que el modelo húmedo seco cuenta con índices de recuperación final superiores al modelo convencional, no la comparto. No existe un modelo convencional de recogida y cada municipio se puede decir que tiene sus peculiaridades: contenedor o puerta a puerta; carga trasera, carga lateral, carga superior; recogidas diarias o periódicas; más o menos recogidas selectivas. Y así casi hasta el infinito. Me gustaría conocer los datos que han justificado esa opinión.
El establecimiento de una tasa o prestación patrimonial no tributaria es un mandato que recoge la nueva ley, cuya finalidad sería equilibrar el balance económico de la gestión, pero a un año vista de las elecciones municipales, ¿estamos hablando de una quimera?
La ley no dice eso. La Ley dice que hay que establecer una tasa, pero da un plazo de 3 años para su implantación, por lo tanto no coincidirá con las elecciones municipales.
Una quimera es: un Sueño o ilusión que es producto de la imaginación y que se anhela o se persigue pese a ser muy improbable que se realice. Y la implantación de la tasa es una obligación legal que si no se cumple supondrá las responsabilidades que correspondan a políticos y técnicos
Se reconoce la necesidad de modificar los contratos en vigor para adaptarlos a las nuevas exigencias de gestión, pero es necesario que anteriormente se asuma una “hoja de ruta”. ¿Cuentan los ayuntamientos con los recursos técnicos para evaluarlo?
Los ayuntamientos tienen los recursos técnicos que tienen, e insisto, a pesar de las grandes dificultades a las que nos enfrentamos hacemos el milagro diario de que se recoja la basura, se limpien las calles, las alcantarillas traguen, se encienden el alumbrado público, etc., y lo seguiremos haciendo con grandes dificultades que supondrán retrasos no deseados.
Es cierto que la aplicación del techo de gasto y la tasa de reposición del personal nos ha descapitalizado económica y humanamente, pero no conozco ningún municipio donde se haya dejado de recoger la basura, mejor o peor, pero no será fácil
¿Cuál será el papel de los vecinos en el sistema?, ¿qué esperamos de ellos?, ¿es usted partidario de penalizar o incentivar?
Entre los ayuntamientos y los ciudadanos tiene que haber un convenio de interacción. Los ayuntamientos estamos obligados a prestar servicios de calidad, atendiendo las necesidades de los ciudadanos, y estos, a su vez, están obligados de colaborar en esa prestación del servicio.
No hay que caer en el simplismo de considerar que solo existe el modelo de incentivar o penalizar.
La recogida y tratamiento de residuos son servicios públicos obligatorios y necesarios que cuestan lo que cuestan. Hay que buscar, en primer lugar, que se disminuyan los residuos a gestionar; segundo, que se recojan los residuos de la forma más separadas posible para facilitar su reciclaje y hacer mucho más barato el tratamiento, y para ello hay que mantener un continuo diálogo entre los municipios y sus ciudadanos, atendiendo las necesidades y solventando las problemáticas que puedan surgir.
Si el Ayuntamiento ha puesto los medios necesarios para hacer una buena recogida, ha informado de forma continuada sobre las necesidades y ha intentado atender todas las incidencias, si existe alguna persona insolidaria que incumple sus obligaciones cívicas tendrá que ser corregida de la misma manera que cuando alguien se salta un semáforo, atenta contra la seguridad vial y se le sanciona. En cambio para fomentar la colaboración, aquellos ciudadanos que lleven más allá de sus obligaciones sus esfuerzos para la correcta selección de los residuos tendrán que tener una repercusión positiva.
